Mientras los Estados latinoamericanos utilizan el pasado nativo como una lucrativa marca turística y orgullo de vitrina, las poblaciones originarias vivas enfrentan exclusión, desprecio político y el desmantelamiento de sus derechos territoriales.
Perú y el racismo electoral
En el Perú, esta paradoja se vuelve violenta durante los procesos electorales, donde el voto ciudadano actúa como un espejo del racismo estructural. Cada vez que el electorado rural y andino apoya masivamente a opciones políticas de oposición que desafían la hegemonía de las élites de Lima, las respuestas en el discurso público y las redes sociales no tardan en desbordar un clasismo explícito. A través de adjetivos peyorativos e insultos racistas que cuestionan la capacidad intelectual de los votantes andinos, la capital demuestra una profunda desconexión con el interior. Para el poder central, el indígena es admirable si permanece estático en un tejido artesanal o en las ruinas de Machu Picchu, pero se convierte en una amenaza deslegitimizada si intenta ejercer su soberanía y transformar las estructuras del Estado.
Chile – Desconexión y el Wallmapu
Por su parte, Chile aplica la misma receta con el pueblo Mapuche. El Estado no duda en usar su iconografía para promocionar el turismo nacional y vender «experiencias místicas» al extranjero, pero la realidad en el sur del país es el envío de militares y tanquetas. El poder político ha preferido reducir un reclamo histórico por sus tierras a un asunto de criminales y terroristas. Al final, la sociedad chilena ama el «souvenir» de la cultura indígena, pero discrimina, estigmatiza y vigila con policías a los comuneros vivos que se resisten a perder su territorio.
Argentina – La ofensiva libertaria y el veto en la ONU
La situación en Argentina ha tomado un rumbo aún más drástico bajo la actual gestión de Javier Milei, consolidando una ofensiva ideológica contra los pueblos originarios. En el marco de su denominada «batalla cultural», el gobierno derogó por decreto las leyes de emergencia territorial que frenaban los desalojos de comunidades indígenas y obligaban al relevamiento de sus tierras. El desprecio institucional hacia el sector escaló a nivel internacional cuando Argentina se convirtió en el único país del mundo en votar en contra de una resolución de la ONU destinada a proteger los derechos de los pueblos indígenas. Este retroceso legal valida un discurso de criminalización, particularmente contra el pueblo mapuche en la Patagonia, que busca negar su preexistencia y facilitar el avance de intereses inmobiliarios y extractivos sobre sus suelos.
Las consecuencias de perpetuar esta esquizofrenia cultural son devastadoras para la cohesión social del continente. Al mantener a los pueblos originarios como sujetos de exhibición arqueológica pero ciudadanos de segunda clase en la vida cotidiana, América Latina sabotea su propia viabilidad democrática. Negar la representación política en Perú, criminalizar la protesta en Chile y desmantelar los derechos territoriales en Argentina solo profundiza heridas históricas que alimentan futuras crisis y estallidos sociales. Mientras la región no entienda que el respeto a la dignidad del indígena vivo es más urgente que la admiración de sus reliquias en un museo, la igualdad y la justicia seguirán siendo promesas de folclor.
